UIDM acusa a la Alcaldesa de engañar a mazarroneros y murcianos por no retirar las delegaciones a los ediles de AS

Ginés Campillo (UIDM) exigió a la alcaldesa Alicia Jiménez (PP) que asuma la responsabilidad de sus declaraciones sobre la venta de las parcelas de Camposol

Los argumentos contradictorios, las mentiras y las faltas de respeto por parte de los miembros del equipo de gobierno fueron una vergonzosa constante en el pleno ordinario que tuvo lugar el pasado martes 27 de octubre en el Ayuntamiento de Mazarrón. Las acusaciones infundadas y las malas formas se reiteraron en todas las intervenciones de la alcaldesa, que se vio acorralada por una oposición que la acusó de mentirosa y de engañar a toda la Región de Murcia pues la alcaldesa no retiró ni las delegaciones ni los sueldos a los miembros de Alternativa Socialista (AS), tal como había declarado a los medios días antes ante la amenaza de Ciudadanos (C's) de no votar el techo de gasto por incumplir el PP su acuerdo de investidura.

Los concejales de AS presentaron su renuncia el mismo día del pleno, más de una semana después de su anuncio. Una maniobra que roza el insulto a las instituciones y a todos los ciudadanos de esta región, por parte de ambas formaciones AS y PP, ya que en cualquier caso la alcaldesa tiene potestad para quitarles las delegaciones sin necesidad de que ellos renuncien. El pacto de Mazarrón se mantiene sin moverse ni una coma: Paco García y Juan Miguel Muñoz mantienen sus sueldos y sus responsabilidades de gobierno, tal y como se atrevió a declarar el mismo Paco García, "el pacto ni se ha roto ni se va a romper" dijo, lo que ratifica una gran mentira ante toda la Región y pone en riesgo la aprobación del techo de gasto, con las graves consecuencias económicas que puede conllevar para nuestro municipio.

En el debate de la moción presentada por IU, para exigir a la Confederación Hidrográfica (CHS) que lleve a cabo los trabajos necesarios en la Rambla de los Aznares para evitar episodios como el de la riada del pasado año, UIDM exigió explicaciones y que asumieran responsabilidades ante el problema de Camposol. El equipo de gobierno, compuesto por PP, AS, PIxM y CCD se mostró contrario a buscar culpables de la situación. El PP por su parte dijo estar manteniendo "reuniones" con los distintos organismos pero sin dar ninguna respuesta, y solo se dedicó a atacar a los miembros de la oposición que sí aportaban datos y contrastaban hechos en sus intervenciones. Resulta insolente que alardeen de estar trabajando cuando el Ayuntamiento de Mazarrón es el único organismo que no ha enviado la documentación requerida a esta comisión, lo que nos parece una enorme falta de responsabilidad por parte de la alcaldesa y su equipo.

Siguiendo en la misma línea de irresponsabilidad, y en un acto sin precedentes, la alcaldesa Alicia Jiménez hizo un pronunciamiento oficial con el que se contradijo o trató de desmentir sus propias declaraciones a los medios, en las que reconocía su responsabilidad y la de los miembros del equipo de gobierno del año 2005 en la venta ilegal de seis parcelas a la promotora Monsora. Con estas declaraciones se podría estar inculpando tanto ella misma como al ex-alcalde Francisco Blaya y al que era su equipo de gobierno de esas irregularidades, y trató de resolver esa situación con un argumento que a nuestro juicio lo empeora todo aún más.

La alcaldesa declaró que "el suelo de esas parcelas es urbano", y "que la empresa dice que por el terreno transcurre una rambla pero no aporta informes que lo demuestren ni que eso le impida edificar". La alcaldesa ha olvidado que el Ayuntamiento ha sido condenado de forma subsidiaria a una sanción de casi 9 millones de euros por la invasión de la rambla y los daños causados al dominio público hidráulico, y por "expedir licencias de obra sin solicitar los informes técnicos preceptivos a la Confederación". Si en este procedimiento judicial el Ayuntamiento resulta condenado, UIDM considera que se tendrán que depurar todas las responsabilidades de todas las personas que participaron en esas operaciones y que debería ser un juez el que decida si existe o no algún tipo de responsabilidad patrimonial.

Durante el turno de preguntas, Ginés Campillo exigió a la alcaldesa que explicara si estaba desmintiendo sus propias declaraciones y si iba a demandar al medio de comunicación que las publicó, a lo que la alcaldesa respondió con evasivas. Igual que al ser preguntada por el Plan Parcial de Monteverde y el de Las Pedreras, que están a la espera de ser elevados a pleno, respondiendo que lo hará "cuando considere oportuno", con lo que podría estar incurriendo en un delito de prevaricación. Un pleno marcado por la mentira de un pacto que nunca llegó a romperse y en el que volvió a quedar patente la irresponsabilidad y la incapacidad del equipo de gobierno y de la señora alcaldesa para estar al frente del Ayuntamiento de Mazarrón.

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