El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha vuelto a fallar a favor del Ayuntamiento de Mazarrón, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Avelino López Fernández contra la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, que denegaba la autorización para la instalación de un área de estacionamiento de caravanas y autocaravanas en el paraje de Percheles.

Este nuevo triunfo judicial reafirma el compromiso del Ayuntamiento y del alcalde, Ginés Campillo, con la legalidad y la protección del medio ambiente, defendiendo los intereses de Mazarrón y evitando la proliferación de construcciones ilegales en espacios protegidos.

El fallo del tribunal ratifica la firmeza de la Administración local, que ha trabajado incansablemente para hacer cumplir la normativa vigente. La sentencia establece que existen motivos contundentes que impiden la concesión de la autorización solicitada, entre los que destacan:

Incumplimiento de la Ley de Costas: Se ha constatado que las obras afectaban a la servidumbre de tránsito del dominio público marítimo-terrestre, lo que contraviene el artículo 27.2 de la Ley 252/1988.

Ilegalidad de las obras pretendidas: Se ha acreditado que las actuaciones se llevaron a cabo sin la preceptiva licencia urbanística, en un espacio protegido y en suelo no urbanizable según el Plan General de Mazarrón. Además, la licencia de vallado fue denegada por el Ayuntamiento, y dicha denegación fue ratificada en sentencia firme.

Sanción previa por daños medioambientales: El recurrente ya había sido sancionado por la roturación de terreno forestal privado en la parcela 45 del polígono 20 de Mazarrón, conforme a la Ley de Montes y la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La resolución sancionadora, que incluyó una multa y la obligación de restaurar el terreno, no estaba en discusión en este procedimiento.

El Tribunal también rechazó el argumento del demandante sobre una supuesta vulneración de su derecho de defensa, concluyendo que tuvo la oportunidad de rebatir los informes presentados por la Administración y no aportó pruebas suficientes para desvirtuarlos.

Como resultado de la desestimación del recurso, Avelino López Fernández deberá asumir las costas del proceso, que se han limitado a un máximo de 3.000 euros, a dividir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Mazarrón.

El alcalde de Mazarrón ha expresado su satisfacción por esta nueva resolución favorable, destacando el esfuerzo para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección del patrimonio natural del municipio. “Seguiremos defendiendo Mazarrón ante cualquier intento de actuación ilegal que ponga en riesgo nuestro entorno. La justicia nos ha vuelto a dar la razón”, ha declarado.