De un lado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y del otro lado el M. I. Ayuntamiento de Mazarrón, representado por D. Ginés Campillo Méndez, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá delegar en el consistorio local las competencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y evaluación ambiental estratégica de planes y programas cuya elaboración o aprobación corresponda al propio Ayuntamiento.
El acuerdo ha sido firmado por el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, D. Juan María Vázquez Rojas, y el alcalde de Mazarrón, D. Ginés Campillo Méndez, tras la autorización previa del Consejo de Gobierno y la aprobación del Pleno municipal de Mazarrón.
Esta delegación, prevista en la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, permitirá que el Ayuntamiento actúe como órgano ambiental en aquellos procedimientos que afecten íntegramente a su ámbito competencial, sin necesidad de tramitación autonómica. De este modo, Mazarrón podrá gestionar de forma directa la evaluación ambiental de:
- Planes y programas municipales, así como sus modificaciones.
- Proyectos urbanísticos o de ordenación del territorio cuya aprobación corresponda al Ayuntamiento.
La medida tiene como objetivo acelerar la tramitación de expedientes, reforzar la eficacia administrativa y mejorar la atención al ciudadano y a los promotores, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa estatal y regional en materia de protección ambiental.
El Ayuntamiento de Mazarrón acreditó, mediante acuerdo plenario, la disponibilidad de los medios personales y técnicos necesarios para ejercer estas funciones, garantizando la separación efectiva entre las tareas de órgano tramitador y órgano ambiental.
Por su parte, la Comunidad Autónoma establecerá anualmente la dotación presupuestaria necesaria para cubrir los costes derivados de la asunción de estas competencias, conforme establece la Ley de Bases de Régimen Local.
El convenio contempla, así mismo, la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de ambas administraciones. Este órgano será el encargado de velar por el correcto cumplimiento del acuerdo, resolver dudas interpretativas y proponer, si fuera necesario, modificaciones o mejoras en su aplicación. El acuerdo entra en vigor desde su firma, y tendrá una duración inicial de cinco años, prorrogables hasta un máximo de cuatro años adicionales.