La Comisión de Sanidad y Política Social se ha reunido esta mañana en una triple sesión, iniciando el proceso de audiencias legislativas sobre la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones (PPL-0037), formulada por el grupo parlamentario Popular.
La primera en comparecer ha sido la secretaria general de UGT Región de Murcia. Francisca Sánchez Salmerón considera que “la Ley puede ser un avance, pero es insuficiente sin una estrategia global que refuerce plantillas, mejore la organización y garantice una atención sanitaria digna”. Ha valorado positivamente la creación de un régimen sancionador contra las agresiones al personal sanitario, pero advierte de la necesidad de medidas estructurales que reduzcan la presión asistencial y refuercen la prevención, para resolver el problema: “Las agresiones están ligadas a sobrecarga asistencial, listas de espera, saturación de urgencias y falta de personal, y solo se denuncia el 40% de los casos. Por eso, reclamamos que los procedimientos sancionadores puedan iniciarse de oficio. Además, las mujeres son casi el 60% de las víctimas. Esto se debe a la feminización del sector y a la persistente desvalorización de los cuidados”. Sánchez Salmerón ha señalado que “el texto contiene conceptos jurídicos indeterminados y algunas sanciones pueden tener un efecto limitado” y ha lamentado que “las organizaciones sindicales no hayan sido escuchadas en la elaboración de la norma”.
A continuación, ha comparecido el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. Francisco Miralles Jiménez ha respaldado la Proposición de Ley “por su necesidad real”, aunque ha insistido en que debe perfeccionarse técnicamente “para garantizar seguridad jurídica, evitar incertidumbres interpretativas y asegurar una aplicación efectiva en la práctica”. Miralles Jiménez ha explicado que las agresiones a sanitarios son un problema estructural y en crecimiento: “No se trata de episodios aislados, sino de una tendencia sostenida que incluye tanto agresiones físicas como verbales. Este fenómeno afecta directamente a la calidad asistencial, a la organización de los servicios y genera un impacto económico y profesional relevante en el sistema sanitario”. De ahí, ha asegurado, la necesidad de la norma “para actuar frente a conductas que no alcanzan relevancia penal, pero exige una regulación precisa: ampliación de sujetos responsables, mejor definición de las conductas y mecanismos que permitan a la Administración actuar de forma eficaz, incluso de oficio”.
Finalmente, ha cerrado estas primeras audiencias legislativas el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO Región de Murcia. Miguel Ángel López Lozano ha propuesto que se modifique el título y se identifique el destino de la norma a todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público de la Región de Murcia. Asimismo, ha señalado varias aportaciones significativas al texto: “La creación de un Observatorio Regional de Agresiones a los Profesionales de la Sanidad – dependiente de la Consejería de Salud - como herramienta esencial para analizar y denunciar públicamente las propias agresiones y para fomentar la participación activa de la administración pública, profesionales, sindicatos, colegios profesionales y la propia sociedad civil mediante asociaciones de usuarios”. López Lozano también considera importante “ampliar la norma para no limitarse a la integridad física, sino abarcar también la integridad moral y el patrimonio, tanto personal como de la administración pública, e incluir agresiones en el entorno digital y el derecho a la intimidad” y, ha añadido, que “es vital que los procedimientos para proteger al trabajador se inicien de oficio con el objetivo de prevenir futuras represalias o presiones emocionales del infractor”.
Durante la reunión, en un turno general de intervenciones, han intervenido los diputados María Soledad Sánchez Jódar (G.P. Socialista), Eugenia Sánchez Pérez y María José Ruiz Díaz (G.P. Vox), María Marín Martínez (G.P. Mixto) y María del Carmen Ruiz Jódar (G.P. Popular).