Reclama al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información esencial para las autonomías que deben gestionar el impacto de la inmigración

El Gobierno regional rechazó hoy la política migratoria del Ejecutivo central al considerar que "utiliza la Conferencia Sectorial de Inmigración como instrumento para avalar una gestión opaca e irresponsable, ignorando a las administraciones que deben resolver su impacto". Por este motivo, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, no participó en la reunión de la Conferencia Sectorial, convocada para hoy.

La consejera destacó, además, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "ha vulnerado el reglamento que regula el funcionamiento de la Conferencia Sectorial, ya que ha ignorado las aportaciones y solicitudes de las comunidades autónomas, entre las que está el envío de toda la documentación relativa al proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, así como los informes que permitan conocer el impacto real de la medida sobre los servicios públicos".

Y esto, a pesar de que, durante la Comisión Sectorial, el Gobierno central se comprometió a enviar esta documentación, que era necesaria para debatir los asuntos incluidos en el orden del día. "Pedimos disponer de la información necesaria para analizar, planificar y gestionar con responsabilidad las consecuencias de decisiones que afectan directamente a nuestros ciudadanos y a los servicios públicos que prestamos", añadió la consejera.

También destacó que el Ministerio "no ha remitido ningún tipo de información sobre la implementación del Plan Europeo de Migración y Asilo, a pesar de que se la hemos reclamado, y de que se comprometió a hacerlo. Ese plan se aprobó el pasado 12 de junio y el Gobierno central aún no ha ejecutado las principales reformas comprometidas con la Comisión Europea".

Además, la consejera manifestó su preocupación por la ausencia de información complementaria en el futuro Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, y calificó de "insuficiente" que el Ministerio haya enviado el documento y no lo haya acompañado de informes económicos, previsiones presupuestarias o evaluaciones que permitan comprobar la viabilidad de las medidas planteadas y los recursos previstos para su ejecución.

"La principal medida de este plan es la regularización, que conllevará un gasto en sanidad, educación, servicios sociales, que las comunidades autónomas tendremos que asumir, una vez más, sin apoyo del gobierno central, que mantiene unos presupuestos prorrogados desde hace tres años", añadió Ruiz.

La consejera reiteró que defiende "una política migratoria basada en la legalidad, la cooperación entre administraciones, la integración efectiva y la planificación responsable de los flujos migratorios, siempre teniendo en cuenta la capacidad real de acogida de cada territorio y la sostenibilidad de los servicios públicos".