El Gobierno regional reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cumpla el compromiso de mantener durante el mes de septiembre reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para abordar la futura planificación de la red eléctrica y comunicar la respuesta a las alegaciones presentadas.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, lamentó que, iniciado septiembre, "no se haya producido ningún contacto ni tengamos noticia alguna sobre cuándo piensa el Ministerio convocar esas reuniones". "La Región lleva demasiado tiempo esperando; necesitamos certezas y un calendario porque detrás de cada mes de retraso hay inversiones, proyectos industriales y empleo que dependen de disponer de capacidad eléctrica", afirmó.

El Ministerio trasladó en julio, durante la Conferencia Sectorial de Energía, que la planificación se encontraba en evaluación ambiental estratégica y que, previsiblemente, en septiembre comenzarían las reuniones bilaterales para abordar su impacto y responder a las alegaciones autonómicas.

El Ejecutivo regional trabaja desde 2024 en una propuesta que responda a las necesidades de Murcia. El 23 de septiembre de 2025, Vázquez mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía para conocer el borrador inicial y, posteriormente, la Comunidad presentó ocho alegaciones para garantizar capacidad ante demandas industriales y residenciales ya identificadas por más de 1.680 MW.

El titular de Energía recordó que la Región reclama alrededor de 600 millones de euros para reforzar sus redes, 300 en distribución y otros 300 en transporte. Mientras tanto, el 85 por ciento de los 166 nodos eléctricos regionales permanece saturado y solo 25 disponen de potencia.

"Hace prácticamente un año que el Ministerio conoce nuestras necesidades. No pedimos nuevos anuncios, sino que convoque las reuniones comprometidas, resuelva las alegaciones y apruebe las infraestructuras que necesita la Región", señaló.

Cerca de 100 millones para mejorar la red de distribución

Frente a esta situación, Juan María Vázquez destacó que la Comunidad "sí ha hecho sus deberes" tras la ampliación del límite de inversión aprobada en julio. En menos de un mes, ya dispone de la propuesta de adenda de la principal distribuidora regional, que recoge las peticiones formuladas por el Gobierno autonómico y cuya aprobación está prevista para la próxima semana.

La nueva programación incrementa un 25 por ciento la inversión en distribución, de 67 a 84 millones de euros. Además, las medidas de simplificación y la agilización de expedientes desarrollada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas han permitido anticipar a 2026 la nueva subestación Espinardo 220/132 kV, inicialmente prevista para 2027, con una inversión de 13,4 millones.

El adelanto de esta actuación, sumado a los 84 millones previstos en el nuevo plan, permitirá movilizar cerca de 100 millones de euros para reforzar la red eléctrica regional.

Rechazo al proyecto de Real Decreto sobre centros de datos

Juan María Vázquez se refirió también al proyecto de Real Decreto estatal sobre centros de datos, actualmente en audiencia pública. La norma pretende establecer requisitos de sostenibilidad energética y ambiental, eficiencia hídrica, resiliencia y soberanía digital y, para las instalaciones de mayor consumo, vincula el acceso y conexión a la red eléctrica al cumplimiento de determinadas condiciones; entre ellas, requisitos relacionados con el suministro de energía renovable.

"No estamos de acuerdo con este proyecto porque se ha elaborado sin contar con las comunidades autónomas y establece numerosas barreras para el desarrollo de una actividad estratégica en nuestros territorios", afirmó el consejero, que además añadió que "no se limita a regular la actividad de los centros de datos, sino que condiciona su acceso a la red eléctrica y, por tanto, introduce de facto nuevas condiciones que afectan a la planificación de la red de transporte en la que estamos inmersos".

"El procedimiento de planificación está perfectamente reglado y debe contar con la participación de las comunidades autónomas. Un Real Decreto no puede tirar por tierra el riguroso trabajo técnico realizado durante años ni alterar por otra vía las necesidades de red que hemos trasladado y justificado", declaró.