María Marín califica la nueva Ley de Universidades convalidada este martes en la Asamblea como "Ley Ayuso", y advierte de que copia el polémico modelo de cofinanciación privada que quería introducir la Comunidad de Madrid; José Luis Álvarez-Castellanos subraya que la norma "deja a un lado" avances de la Ley de Universidades estatal, como el fin de la "temporalidad en el empleo" y el reconocimiento de las becas como "un derecho subjetivo"
La diputada regional de Podemos, María Marín, ha denunciado que la ley de Universidades convalidada este martes por PP y Vox —y la abstención del PSOE— en el pleno de la Asamblea encubre "un intento de privatizar la universidad pública" y que ésta es, además, una copia del modelo que Ayuso pretende implantar en la Comunidad de Madrid, el cual ha sido rechazado masivamente por la comunidad universitaria, que se encuentra actualmente en huelga. "No a esta ley Ayuso de Universidades", ha esgrimido.
Marín ha destacado en la tribuna la necesidad de las universidades de la Región de "contar con la seguridad de una financiación pública suficiente". "Pero esta ley supone todo lo contrario". La parlamentaria morada ha situado el foco sobre el artículo 29 de la norma, donde se incluye el "verdadero caballo de Troya de la universidad pública: el principio de corresponsabilidad en la obtención de recursos para su financiación". La nueva ley asegura que las universidades públicas de la Región deberán procurar un incremento "gradual y sucesivo" de sus ingresos a través de "otras fuentes procedentes de diferentes ámbitos" distintos al público. Marín ha asegurado que en el anteproyecto de la norma se daba una cifra de objetivo de esta cofinanciación: el 30%.
"Ahora han escondido ese porcentaje, pero la intención sigue siendo la misma. Aplicar en nombre de la corresponsabilidad un recorte encubierto de hasta un 30% a la financiación pública de la universidad, como en Madrid", ha proseguido la diputada de Podemos. "Nosotras lo tenemos claro: corresponsabilidad no. La responsabilidad de financiar la universidad pública es al 100% de los poderes públicos, es al 100% del Gobierno de la Región de Murcia. No a la privatización de la universidad pública".
Por su parte, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha calificado de "decepcionante" la norma convalidada, pues ésta "deja a un lado" los avances de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada por el Gobierno central en 2023. Entre ellos, el fin de la "temporalidad en el empleo del profesorado", el avance en la "democratización de las universidades" y el reconocimiento de las becas como "un derecho subjetivo".
Álvarez-Castellanos ha denunciado que la nueva ley regional "cercena a la universidad como espacio de libertad académica, pensamiento crítico y pluralidad". El parlamentario de IU también ha puesto sobre la mesa las "garantías en materia de financiación" que la nueva ley elude. "Mientras la LOSU reconoce que el mínimo de la financiación debe cubrir, además del gasto de personal, gastos corrientes, inversiones reales, investigación estructural y sostenibilidad ambiental, la ley regional solo se compromete con el gasto de personal. Y lo supedita todo a la disponibilidad presupuestaria".
El diputado de la coalición de izquierdas ha considerado asimismo "sangrante" el tema de las becas y ayudas al estudio. "La nueva ley da un paso atrás respecto a la anterior del 2005 al eliminar la obligación del Gobierno autonómico de aprobar un plan de becas propio". Álvarez-Castellanos ha resaltado que la norma vincula además las becas "con la excelencia académica, desvirtuando la finalidad de estas ayudas, que debería ser garantizar el derecho a la educación superior en condiciones de equidad".