El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha elevado el tono este lunes en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. En una sesión marcada por las comparecencias de Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, y de Francisco Provencio García, presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla, el parlamentario de izquierdas ha advertido de que la Región "no puede seguir alimentando un modelo que ignora los límites físicos del agua y las señales de agotamiento del sistema".
Durante la primera comparecencia, Álvarez-Castellanos defendió que el debate ya no puede girar en torno a la negación de los caudales ecológicos. "Es fundamental mantener un caudal ecológico que garantice el ecosistema del río. Eso no debería estar en discusión", afirmó, señalando que resulta significativo que algunos sectores hayan pasado de cuestionar su existencia a discutir únicamente su cálculo. Para la formación de izquierdas, este cambio revela que la evidencia científica se impone, aunque todavía exista resistencia política.
El diputado insistió en que el Trasvase Tajo-Segura es un sistema que necesita regulación, planificación y prudencia. Recordó que las aportaciones en cabecera han mostrado una tendencia descendente a lo largo de las últimas décadas y que los picos de los últimos años no pueden ocultar esa realidad estructural. "Planificar sobre la base de dos años hidrológicos favorables es una irresponsabilidad en un contexto climático cada vez más volátil", subrayó.
En este sentido, Álvarez-Castellanos rechazó frontalmente la idea de que las decisiones ministeriales sobre los trasvases en nivel 3 respondan a arbitrariedades políticas. "Cuesta creer que estas decisiones se tomen sin informes técnicos. Existe discrecionalidad en los trasvases con reservas en nivel 3 reconocida en la propia ley, sí, pero desde el ministerio se ejercerse bajo criterios técnicos y bajo el principio de prudencia", explicó, defendiendo que la seguridad jurídica del sistema no puede confundirse con automatismos que ignoren la situación real de las reservas.
La segunda comparecencia, protagonizada por el presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla, permitió abordar otra cuestión clave, como es la expansión del regadío por encima de lo inicialmente planificado. Álvarez-Castellanos recordó que en municipios como Librilla las previsiones originales de transformación de hectáreas han sido ampliamente superadas, un fenómeno que, multiplicado a escala regional, dibuja un mapa de regadíos muy superior al previsto en el diseño inicial del trasvase.
"Si ampliamos superficie regable mientras disminuyen las reservas en cabecera, estamos generando una tensión permanente en el sistema", advirtió. A su juicio, el problema no es reconocer la importancia económica del regadío —"nadie niega que el agua transforma el territorio y genera riqueza"—, sino convertir esa lógica expansiva en el único criterio de planificación. "No todo puede crecer de forma ilimitada. Tampoco el regadío", sentenció.
El parlamentario de IU-Verdes fue especialmente crítico con lo que calificó como una visión reduccionista de los ríos y sus cuencas, entendido únicamente como canales de extracción. "Un río no es una tubería. Es un sistema vivo, con un equilibrio ecológico que necesita sus propios recursos", afirmó, defendiendo que los desembalses y las decisiones sobre trasvases deben tener en cuenta esa realidad biológica y no solo la demanda económica.
Álvarez-Castellanos recordó también que el impacto ambiental del modelo actual es ya visible en la Región de Murcia. Las más de 9.000 hectáreas de regadíos ilegales cerradas en el entorno del Mar Menor constituyen, a su juicio, una prueba de que el crecimiento sin planificación tiene consecuencias. "Cuando solo se habla de expansión y seguridad hídrica, pero no de límites, acabamos pagando el precio en forma de deterioro ambiental y conflicto social", señaló.
Para el diputado de izquierdas, la solución pasa por una planificación integral y estatal del agua y del regadío, en la que se pongan sobre la mesa todos los elementos: disponibilidad real de recursos, impacto ambiental, empleo, sostenibilidad económica y adaptación al cambio climático. "Hay mucho en juego: el trabajo de miles de personas, el futuro de muchas familias y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Precisamente por eso necesitamos rigor, transparencia y valentía política", afirmó.
El diputado concluyó denunciando que PP y Vox siguen apostando por un discurso simplista basado en "más agua y más hectáreas", mientras el sistema muestra señales evidentes de agotamiento. "No se puede seguir alimentando la idea de que el agua es infinita ni de que cualquier límite es un ataque a la Región. Defender el futuro de Murcia es defender la sostenibilidad del agua", zanjó.
Desde IU-Verdes reiteran que el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura no puede seguir atrapado en consignas partidistas. La Región necesita un acuerdo basado en datos, límites claros y responsabilidad ambiental. Todo lo demás —advierten— es prolongar una tensión permanente que sólo conduce a más incertidumbre.
