Solicitan una reunión inmediata y la autorización excepcional de herramientas fitosanitarias para frenar la situación en cultivos como la lechuga o los cítricos
La Región de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana se unen para crear un frente común y reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación medidas excepcionales ante la situación que atraviesa el sector agrícola por la falta de herramientas para combatir las plagas que afectan a cultivos hortofrutícolas como la lechuga o los cítricos.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y sus homólogos en ambas comunidades, han remitido una carta conjunta al ministro Luis Planas solicitando "una reunión urgente y la adopción de soluciones excepcionales", expresó la consejera.
"Se trata de una situación límite que está teniendo consecuencias catastróficas para los cultivos. Hablamos de pérdidas de hectáreas, pero también de la pérdida de puestos de trabajo", insistió Rubira.
Las tres comunidades alertan en la misiva de que la eliminación progresiva de sustancias activas, unida a los efectos del cambio climático y a las crecientes exigencias comerciales, está poniendo en riesgo la producción y rentabilidad de las explotaciones agrícolas. "Tanto el Gobierno regional como el sector agrícola necesitamos respuestas", subrayó la consejera.
En la carta, las comunidades solicitan que se utilicen de forma ágil los mecanismos de emergencia previstos en la normativa europea para permitir autorizaciones excepcionales cuando exista riesgo grave para la producción.
"Necesitamos que expliquen por qué si otros países de la Unión Europea como Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Eslovenia o Francia han autorizado excepcionalmente el uso de productos que permitan combatir las plagas por parte de sus agricultores, el Gobierno de España niega a nuestros productores poder utilizar este producto para combatir las plagas", señaló la consejera.
Rubira advirtió de que esta situación genera "un agravio comparativo y una pérdida de competitividad" y remarcó la necesidad de "garantizar que el sector agrícola disponga de las herramientas necesarias para mantener su rentabilidad y competitividad en igualdad de condiciones con otros Estados miembros".
