Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia ha reclamado que los nuevos recursos estatales destinados a la Dependencia se conviertan de forma efectiva en más cuidados, más cobertura y una reducción de las listas de espera. La formación considera que el Decreto-ley 4/2026 debe servir para reforzar los servicios públicos, no para prolongar sin límite el Presupuesto de 2025 prorrogado ni para eliminar controles útiles sobre los fondos finalistas.
La organización reclama al Gobierno regional que presente los Presupuestos de 2026. Las modificaciones de crédito son una herramienta legal necesaria cuando aparecen ingresos sobrevenidos, pero no sustituyen el debate anual sobre prioridades, gasto y responsabilidad política ante la Asamblea Regional.
"El dinero que llega del Estado para la Dependencia tiene que convertirse en más cuidados, menos lista de espera y más derechos. No aceptaremos que se utilice una necesidad social para rebajar el esfuerzo que corresponde a la Región de Murcia.", ha señalado Penélope Luna, coordinadora regional de IU.
IUVRM cuestiona que el Gobierno haya derogado íntegramente el artículo 21 de la Ley de Presupuestos de 2025. Si la necesidad urgente era incorporar más fondos para el Sistema de Atención a la Dependencia, el Ejecutivo debía explicar por qué no ha elegido una excepción concreta, con garantías, en lugar de suprimir para todos los ingresos finalistas una cautela que obligaba a justificar la insuficiencia del crédito existente.
"No se trata de bloquear recursos, sino de asegurar que cada euro adicional llegue a los servicios públicos y pueda ser controlado por la Asamblea. Por eso exigimos su tramitación como proyecto de ley, transparencia trimestral y mantenimiento de la aportación autonómica propia", ha indicado José Luis Álvarez-Castellanos, diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional
IU propone convalidar la incorporación urgente de recursos para no retrasar derechos y, al mismo tiempo, tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley. La formación plantea recuperar una regla general de cautela, prever excepciones sociales justificadas para el SAAD y otros servicios con demanda acreditada no atendida, blindar el destino de los fondos y mantener la aportación autonómica propia comparable.
La iniciativa incluye que el Gobierno informe trimestralmente a la Asamblea de los créditos generados, las obligaciones y pagos realizados, la cobertura alcanzada y la evolución de las listas de espera. Para Izquierda Unida - Verdes, más financiación estatal debe significar más atención pública y una Comunidad Autónoma que mantenga su propio esfuerzo.
